La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió realizar una manifestación de rechazo contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El reclamo tendrá lugar en Plaza de Mayo y será el jueves 18 de diciembre, a las 15. La semana próxima el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las intenciones del oficialismo.

La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que se reunió en la sede de Ciudad de Buenos Aires este jueves, cuando los sindicatos rechazaron la iniciativa porque que consideran que es “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales.

Para los sindicatos, el proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.

Los ejes de la reforma laboral que rechaza la CGT

El proyecto oficial, que propone la administración de Javier Milei, busca flexibilizar el mercado laboral y modificar aspectos centrales de la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo. El texto cuenta con 79 páginas de cambios.

En materia de indemnizaciones, la reforma redefine la base de cálculo, donde excluye conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios de la base de referencia. La iniciativa fija nuevos límites al monto indemnizatorio, ya que este, no podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente. Además, se establece un piso equivalente al 67% de ese valor.

El proyecto también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que está destinado a cubrir indemnizaciones por despidos. Se financiará mediante un aporte obligatorio del tres por ciento sobre las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales al SIPA.

La reforma también limita la capacidad de acción sindical en varios puntos, ya que, exige autorización patronal para realizar asambleas sin goce de sueldo y tipifica como infracción grave el bloqueo de empresas. Reduce a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados.

El texto restringe la ultraactividad de los convenios. Vencido un acuerdo, solo subsisten las cláusulas normativas. La autoridad laboral podrá suspender disposiciones si generan “distorsiones económicas”. En paralelo, el proyecto incorpora el llamado “banco de horas”, un sistema que permite redistribuir la carga horaria según las necesidades productivas de cada empresa.