La Justicia de Tucumán rechazó el pedido de detención e indagatoria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, junto a todo el entorno familiar y empresario de este último, por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.

La medida fue solicitada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quién también pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos. El expediente, que inicialmente quedó en manos del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, pasó al juez de turno de Tucumán por las vacaciones del primero, según confirmaron fuentes oficiales.

El juzgado tucumano respondió el pedido y le recordó al fiscal que aún está pendiente de resolución un pedido de recusación sobre el juez Argibay, por lo que resulta conveniente esperar a la reincorporación del magistrado titular para definir si autoriza la detención de Tapia y Toviggino.

Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”.

El fiscal fundamentó su solicitud en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.

La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino –oriundo de Santiago del Estero– y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.

Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.

Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana. También Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.

Entre las sociedades mencionadas en el dictamen fiscal aparece Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro, y dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.

El fiscal mencionó también a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturaciones a firmas vinculadas al tesorero de la AFA. Estas mismas empresas ya son objeto de análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

En Santiago del Estero, la investigación se centró en los bienes radicados en la provincia y en las presuntas transferencias de fondos administrados por Tapia como presidente de la AFA hacia empresas controladas o vinculadas a Toviggino.

Esta genera un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires, que deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.