El recorte de frecuencias de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se agudizó este miércoles y miles de pasajeros se ven afectados.

La reducción de servicios llega al 30%, lo que provoca largas filas en las paradas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia seguido de las quejas de los pasajeros.

La decisión de acotar las frecuencias se explica principalmente por el impacto del aumento en el precio del gasoil, que acumula un alza de 25% en el último mes por la guerra en Medio Oriente, por lo que las empresas del sector alertaron por el incremento en su estructura de costos.

El malestar por largas esperas para poder subir a un colectivo que los lleve al trabajo se replica en distintos puntos de CABA y el conurbano bonaerense. En este contexto, los usuarios describieron la odisea que enfrentan para llegar a destino.

En puntos neurálgicos como Liniers y Constitución se observaron largas filas para subir a los colectivos y las unidades llegan repletas.

El Gobierno convocó a las empresas de colectivos para destrabar el conflicto y depositará en las próximas horas los fondos con el objetivo de evitar un paro. La reunión se realizará este jueves 9 de abril desde las 11 en la Secretaría de Transporte.

Cuál es el principal reclamo de las empresas de colectivos al Gobierno
Todo comenzó luego de que las compañías de transporte automotor de pasajeros reclamaran que se revise la estructura de precios y subsidios. A través de una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmannm, solicitaron que se incluya el aumento de los combustibles, y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril.

Las empresas advirtieron que en la última adecuación de costos dispuesta por el Gobierno se tomó como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.

Para definir la estructura que determina los subsidios que Nación entrega a las empresas, se realiza un cálculo mensual que tiene en cuenta, entre otros factores, los recorridos de cada línea y los pasajeros que llevan.

Actualmente, la secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas y se calcula que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa.