La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF. Además, se pronunció sobre la situación de YPF, luego de que fuera exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

Todas las partes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, según advierten abogados que siguen de cerca el caso, es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.

El proceso del juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el Estado argentino en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó a pagar una indemnización superior a los US$16.100 millones.

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación correspondiente, aunque eximió de responsabilidad a la propia petrolera.

Todas las partes apelaron el fallo y, en octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de 96 minutos en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford —que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen—.

En la apelación, la defensa argentina había presentado tres argumentos con el objetivo de revertir la sentencia o, en el peor de los escenarios, lograr una reducción significativa del monto indemnizatorio.

El primero de ellos —que fue planteado por tercera vez ante la Justicia estadounidense— sostenía que el juicio debió tramitarse en la Argentina. Ese argumento ya había sido presentado durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y ahora volvió a ser central bajo la administración de Javier Milei, que lo consideraba la vía más sólida para revertir el fallo de primera instancia.

Según la defensa, correspondía que un tribunal argentino determine qué norma tiene mayor jerarquía: la ley de expropiación, que permitió al gobierno de Cristina Kirchner estatizar el 51% de YPF, o el estatuto de la compañía, que obliga a quien adquiere más del 15% de las acciones a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas.

El segundo argumento era de carácter técnico y apuntaba al derecho societario, administrativo y público argentino. En este punto, el Estado sostenía que la jueza Preska interpretó erróneamente la normativa local aplicable al caso.

Si los jueces no aceptaban ninguno de esos planteos, la defensa había presentado un tercer argumento orientado a reducir el monto de la condena. Según el derecho procesal estadounidense, la indemnización debería calcularse con el tipo de cambio vigente al momento de la sentencia —en 2023— y no al del incumplimiento, ocurrido en 2012.

De aplicarse este criterio, la compensación iba a reducirse de más de US$16.100 millones, más intereses, a unos US$4920 millones, de acuerdo con los cálculos del Estado argentino.