Un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) encendió una señal de alarma al detectar altos niveles de arsénico en el agua de localidades de siete provincias argentinas.

Según el relevamiento, más de 350 muestras tomadas en todo el territorio nacional muestran concentraciones que, en muchos casos, superan los límites sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que podría afectar a más de cuatro millones de personas.

Los especialistas señalaron que la presencia de arsénico en la región tiene un origen natural vinculado a la formación de la Cordillera de los Andes y advirtieron que la exposición prolongada puede derivar en Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad que, sin tratamiento, puede causar cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y fibrosis pulmonar.

El estudio clasificó las zonas afectadas en tres categorías de riesgo: verde (menos de 10 ppb, apta para consumo), amarillo (entre 10 y 50 ppb, nivel de precaución) y rojo (más de 50 ppb, riesgo elevado). En este último grupo se desaconseja beber agua o utilizarla para cocinar, recomendándose fuentes alternativas.

Las provincias con registros más altos incluyen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa. En territorio bonaerense se detectaron valores superiores a 50 ppb en localidades como Tres Arroyos, Balcarce, Junín, Mar del Ajó, Lobos, Navarro, Cañuelas, Necochea, Mar del Plata, Olavarría, Azul, Tandil, La Plata, San Nicolás, Arrecifes y Zárate, entre otras.

Frente a la preocupación generada por la difusión del estudio, Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) emitió un comunicado en el que afirmó que el agua que distribuye “no representa riesgo alguno para la salud” y que los niveles de arsénico en su área de concesión “se encuentran por debajo del valor regulado”.

La empresa destacó que el servicio se monitorea de manera continua con controles de laboratorio en todas las etapas del proceso, desde la captación hasta la distribución. Además, aclaró que no se recomienda el consumo de agua proveniente de perforaciones particulares, ya que escapan a las verificaciones oficiales.

Las autoridades y especialistas coinciden en que la problemática, antes circunscripta a zonas específicas, hoy se extiende por distintas regiones del país, y remarcan la necesidad de reforzar los controles y garantizar el acceso a agua segura para las poblaciones afectadas.